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Aportes al fortalecimiento del régimen republicano

publicado a la‎(s)‎ 22 ene. 2014 8:46 por Admin | FuCER
Autor: Vanossi, Jorge R.
Fecha: 21-11-2013
Publicación: Revista de Derecho Constitucional


I. La forma y la sustancia de la República  

No obstante que los datos resultantes de las estadísticas numéricas y las mediciones cuantitativas ponen de relieve el auge de las “democracias constitucionales” fundadas en el “Estado de Derecho”, en el pluralismo y en el reconocimiento de la “eminente dignidad de la persona”, por su respeto de los “derechos humanos”; lo cierto y verdadero es que en muchas partes del orbe, tales como diversos países de Latinoamérica, África y Asia (y algunos “bolsones” de Europa) saltan a la vista distintos regímenes cuyos sistemas político-constitucionales, aunque no calcados de un mismo modelo, ofrecen en común el predominio de rasgos y de notas cuantitativas que pueden dar pie al sostenimiento de reales autocracias o autoritarismos.

En todos es casos –a veces distantes entre sí– se exhiben con alto nivel de erosión las “claves de bóveda” que son legado consagrado de la era constitucional a partir de las tres grandes Revoluciones que impulsaron una nueva organización gubernamental basada en la consagración de las libertades públicas y privadas (la inglesa, la americana y la francesa).

Viene en ayuda de esta verificación, el acudimiento al prefijo “des” que, como es sabido, es una confluencia de prefijos latinos tales como “ex” y “dis”, entre otros; pero en cuya significación se denota “negación o inversión del simple”, o “privación”, o “exceso” o “demasía”, o “fuera de” (RAE). O sea, que en todos los casos se denuncia una negación de calidades o cualidades inherentes al concepto positivo.

En nuestro ámbito de análisis, trátase de sacundimientos y demás vicisitudes institucionales, que llevan como mínimo a la desnaturalización o desfiguración del régimen institucional original o normal. Se estaría ante algo más delicado que una mera crisis: es la “desconstitucionalización”; por lo que sería del caso acudir a otro vocablo indicativo del retroceso que esto significa: desandar, es decir, invertir el difícil camino emprendido a partir de la instauración democrática y de las sucesivas reinstalaciones del republicanismo plenario.

La historia y la contemporaneidad nos brindan un ramillete con abundancias de hipótesis que responden a prototipos que compartan los puntos atinentes al proceso de degeneración (sic) de la ingeniería constitucional diseñada en la etapa fundacional conforme a las reglas y patrones constitucionales más ortodoxos, aunque a veces ilusorios a tenor del subdesarrollo cultural de la sociedad en que se proyectaban aplicar. Sobran ejemplos de resultados alejados del paradigma pretendido. Por ejemplo:

- El más frecuente en indoamérica: el cacicazgo, como reanimación de lo telúrico y la atávico, en las relaciones de mando – obediencia; y que en sus versiones de “disfraz” se explica mediante el reeleccionismo sin límites.

- Los gobiernos “de facto”, como inspiraciones “retro” basadas en los alzamientos, los “pronunciamientos” y demás expresiones abusivas o desplazamientos de la legitimidad de Derecho para dar paso a implantaciones de “salvación nacional” por el poder demiúrgico de las fuerzas asumidas y ejercida de legibus solutus.

- El “despota”(o la “despota”) que trasmuta su legitimidad de origen para cortar los límites constitucionales del poder, malversando la legitimidad de ejercicio y, las más de las veces, burlando la legitimidad de transferencia del poder con el propósito de asegurar “el continuismo” sine die.

- El despotismo no ilustrado, que se diferencia de los despotismos anteriores a la era constitucional por las burdas manifestaciones que evidencian la “des-preparación” para el ejercicio legal y eficaz del poder público y la irresistible impudicia invasiva del ámbito vedado a la autoridad y que es propio de la sociedad.

- Las diarquías, en sus proteicas formas; ya sea con la cobertura de una apariencia legal en la separación de la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado (el caso de Rusia con el “dueto” Putin – D. Medvedev) cuando no se trata en la realidad más que de una máscara bifronte que cubre una titularidad unipersonalizada; o bien sea sin tal sutileza normativa, cuando abiertamente el poder se desenvuelve por carriles más propios del derecho de familia o de las relaciones de parentesco (por ejemplo, un nepotismo no ilustrado).

- Una suerte o especie de trampolín que deriva el poder legal a una administración del poder real por la vía de mecanismos cuya mayor peligrosidad estriba en la nota de irresponsabilidad constitucional del detentador efectivo de la “autoritas” y de la “potestas”, distanciando al régimen así instaurado del cumplimiento de uno de los requisitos y elemento fundamental de la forma republicana de gobierno, cual es que la vigencia del control sea la antesala de la apertura de los mecanismos que tornen operativa la exigencia de responsabilidad (política, penal, administrativa, etc.) de los gobernantes: ello marca la diferencia entre Luis XIV (“el Estado soy yo”) o Luis XV (“después de mí el diluvio”), con la rendición de cuentas que supone la superación del absolutismo político por el cambio hacia la limitación del poder.

La figura precedentemente expuesta sirve para fortalecer la convicción acerca de que no hay República sin Responsabilidad. Tampoco puede existir una República en los casos en que los gobernantes (sean titulares o “sosías”, para recordar la comedia “Anfitrión” de Plauto) confunden lo que ya estaba claro en el derecho público romano: la separación entre el erario público y el peculio privado, a fin de evitar el aprovechamiento indebido del primero y, al mismo tiempo, impedir el apoderamiento ilícito del segundo. Si el escritor inglés Oscar Wilde afirmó alguna vez que “lo único que no puedo resistir son las tentaciones”, parece reactualizado por la tendencia incontenible de los gobernantes a usar y disponer del “erario” cual si fuere un bien personal (con el consiguiente olvido de algunos artículos del Código Penal respectivo). Como en todos estos problemas de desvirtuación de las reglas de gobierno, hay en la raíz una enfermedad o defecto o debilidad de índole cultural, toda vez que asistimos al mismo tiempo a la vigencia de monarquías constitucionales (en Europa y en Japón v.gr.) que son más respetuosas de los postulados republicanos que muchas autodenominadas “repúblicas” que en los hechos se traducen en perversiones y tergiversaciones habituales en las tan criticadas “republiquetas” de la antología latinoamericana y africana.

Las comprobaciones que surgen de las complejas realidades son corroborantes de la indicación señalada por la Corte Suprema de Justicia, al aplicar en infinidad de casos concretos la doctrina de la “verdad jurídica objetiva”, que no es otra cosa que la marcación de la imperativa búsqueda de la sustancia antes y por encima de la denominación convencional que se atribuya por las partes interesadas a los actos y a las cosas. O en términos bíblicos: la verdad es lo que es.

II. En el orden de las conductas y los valores

¿Hay dos Repúblicas? Parecería que sí, cuando es cada día más cierto que para alcanzar la más amplia comprensión de los fenómenos de índole institucional es imprescindible acudir a la ayuda metodológica de los aportes provenientes de disciplinas como la Sociología Política y la Psicología Social, que complementan así el conocimiento de la faz constitucional del funcionamiento de las instituciones políticas. Veamos ahora que ocurre con las dos visiones “republicanas”:

La primera es el resultado del accionar de quienes sucesivamente marcaron la impronta que fuera aludida por Mark Twain al observar que “la fama es puro humo y la popularidad, un accidente: la única certeza terrenal es el olvido”. Amarga reflexión del gran escritor citado.

La segunda es la que soñaron hombres de la talla de Eduardo Mallea (“vivir una intensa pasión argentina”) o del imperecedero Joaquín V. González, el estadista completo, un arquetipo de la gloriosa “generación del ochenta” al tiempo de su etapa final. Y así percibimos, en consecuencia, una dualidad bifronte: por un lado, aparece la figura del país en su realidad, que es la Nación y, por otro, la emoción y el sentimiento, que es sublimación de la Patria. Para J. V. González no era cuestión de “patrioterismo”. Era una espiritualización; del mismo modo como lo sintió indignado el Premio Nobel portugués Saramago, cuando sufrió el contraste: o una Nación o un “lugar”, dicho con términos distintos y en circunstancias distantes.

¿Qué nos ha acontecido? ¿Qué nos pasa entre nosotros y en varios países más? Veamos las hipótesis:

a) La desgracia de Lot y la “estatua de sal”, por causa o consecuencia de tanto mirar hacia atrás. En ese caso, si así fuera, tendríamos que traer a colación la advertencia de Albert Camus, cuando acusa que “las derrotas de un hombre (que puede ser un gobernante) no juzgan a las circunstancias sino a él mismo”.

b) La República de los “estadistas”.

Para tenerlos, no basta con una sola virtud, pues hacen falta, por lo menos, reunir las dos condiciones que suponen la formación, más la trayectoria. No se improvisan. Se elaboran y se prueban. Si no “entrega” la fábrica y hay desabastecimiento de esas cualidades, pues entonces la mayor culpa de la falta de calidad del producto directivo proviene de dos contra-virtudes o anti-virtudes, que son: la indiferencia y el conformismo, el “quietismo” de la resignación. Es una verdad axiomática que el precio del goce y perduración de la libertad consiste en el deber de asumir una vigilancia continua.

¿Qué hay? ¿Qué nos acosa a los republicanos?: La falta de compromiso. Ausencia de “civismo”. Tampoco hay que olvidar el capítulo de las responsabilidades. Allí aparecen los déficit que radican en la complicidad de las facciones, de las parcialidades, de las mezquindades sectoriales. Dicho con otras palabras: reposan en la inverecundia generalizada, que es sinónimo de desvergüenza y desfachatez.

El fruto de esas actitudes queda a la vista: hay muchos valores ofendidos, ultrajados. Pero entre ellos, sobresalen en las heridas el “bienestar general” y la “paz interior”, que consagran –con su providencial inspiración- las máximas del Preámbulo constitucional, al señalar los fines permanentes que deben orientar los movimientos de la Sociedad y del Estado que conforman la República Argentina, por ejemplo.

Si analizamos los datos panorámicos, surge la pregunta: ¿Las medidas de la profundidad del descenso del republicanismo, son insondables? Caben dos respuestas. Como somos naturalmente optimistas, creemos que se pueden revertir las tendencias. Pero para ello hay que reabrir la fuente de la que pueden surgir los “perfiles de coraje”, aquéllos senadores que merecieron la evocación de J. F. Kennedy en obra que recibió el Premio Pulitzer; y generar así las actitudes –y no meras poses- de compromisos para dar u ofrecer “sacrificios” antes que obtener o sacar los “beneficios” (Churchill sólo prometió “sangre, sudor y lágrimas” ante el ataque nazi de 1940. ¿Qué necesitamos para esa meta? Nos falta una linterna orientada y que sea orientadora hacia el camino que conduce en esa dirección.

Esa falencia es grave. Es verdad probada que no puede haber cambio si no hay un plan. Y en el plazo inmediato, no se avizoran las tendencias de “perspectivas” viables ni de “prospectivas” dotadas de andamiento. Plan y planes o modelos los hubo, por lo menos, en 1810, en el ideario de la generación de 1837 y, ciertamente, en la “del 80”. No se pueden confundir los modelos paradigmáticos o ejemplares con las simples medidas que apuntan a lograr efectos “marketineros” para justificar índices de estadísticas falseadas. Una vez más, el nudo gordiano de la cuestión consiste en apuntar que junto al orden de las normas, la efectiva vigencia del republicanismo depende del orden de las actitudes, de las conductas gubernamentales y del comportamiento ciudadano.

Es fácil caer en confusión, toda vez que algunos países ostentan el triste privilegio de erigirse en el único caso en que “muerto el perro se prolonga la rabia”. ¿Qué rabia? El virus del “populismo”, que con cierta frecuencia y recurrencia toma los rasgos propios de una modalidad patológica de despotismo no ilustrado (sic). No entraremos a detallar sus deformaciones. Basta con exhibir “como muestra un botón”: en efecto, por caso, en vez de predicar y practicar la regla de la subsidiaridad del Estado, lo que abunda y en exceso lujurioso es o son las políticas “subsidiaristas” demagógicas, que dan alimento al clientelismo y prebendismo, que es una forma de domesticación social y de corrupción político-electoral. ¿A qué conduce esto? A por lo menos cuatro signos alarmantes de descomposición general: 1) A que los vectores de la política no pasan por donde deberían transitar: el Parlamento o el Congreso y los Partidos; 2) A que los vectores de la cultura no pasan por las Universidades y las Academias; 3) A que los vectores de las relaciones económicas y sociales no pasan por sus organizaciones y estructuras naturales; 4) A que los vectores de la custodia de la seguridad individual se “tercerizaron” en manos de grupos ajenos al Estado, cuando éste debería conservar el monopolio legítimo de la potestad delegada por la Sociedad.

Y así es que todo se deforma ante los ojos de la ciudadanía, que ve que: 1) Los gremialistas fungen como “gremialeros”; 2) Los políticos se ridiculizan como “politiqueros”; 3) Los gobernantes se apoderan del Erario Público y proceden como si fuera su peculio personal.

Ante tamañas y riesgosas “malformaciones”, la Sociedad requiere que el menú de las alternativas ofrezca un salto cualitativo y no sólo guarismos cuantitativos. También demanda el pueblo que no se ampare a unos en desmedro de los otros, pues la seguridad, la producción, la educación (por no mencionar los demás “issues”) se deben desplegar en su plenitud y en armonía: todos (y no unos u otros) deben ser el objetivo de la gestión pública. Y para alcanzarlo, nada más simple que recordar que el “programa” vuelve a ser claro y sencillo: cumplir la CONSTITUCIÓN, que es la norma fundamental del basamento de un Estado de Derecho, único camino para evitar la “ley de la selva”; y recordando –para tenerlo siempre presente- al decir de la Corte Suprema –que es el intérprete final de aquélla-, que “fuera de la Ley Suprema sólo cabe esperar la anarquía o la tiranía” (Fallos 191:197). De nuestra cosecha, agregamos: que la experiencia histórica nacional y comparada indican que la primera desgracia suele engendrar el establecimiento de la segunda. Si bien comprobamos que en el tiempo contemporáneo no abundan las soluciones con baño de “ortodoxia”; es un deber cívico demostrar al menos un apego por la vigencia efectiva de las instituciones, pues ello también hace a la calidad de vida. Como advierte el politólogo americano Scout Mainwaring, ya no caen los gobiernos por golpes de estado o crisis económicas, pero la combinación de pobreza, desigualdad y formas no legítimas de ejercicio del poder es un peligroso caldo de cultivo para nuevos autoritarismos (Conf. Reportaje en “Clarín”, 21/XII/2008). Es que en la raíz más profunda de todos los problemas uno encuentra una respuesta que remite a la CULTURA: ¿está sana o está enferma?

Nuestro ciclo es estremecedor: de la Argentina del Centenario a los restos y rastros del Bicentenario. ¿Cómo revertir la tendencia degeneratriz? Una vez se reclamó un retorno a la razón (Guido de Ruggiero). Otra vez se reclamó un retorno a la sensatez; y, por un clamor generalizado, se percibe que las cosas deben volver a su “quicio”. También se alertó que las civilizaciones y, por lo tanto, las instituciones y hasta los pueblos, pueden ser mortales (Paul Valery). ¿Cómo evitarlo entonces? Sobran recetas pero fallan las fórmulas. Nos parece que también es imprescindible el marco ÉTICO.

Es el “azimut”, el ángulo rector, la clave de bóveda de la cuestión. Y eso vale para todo. Véase esta reflexión: “(...) En treinta años, la misma suma invertida reportaría casi nueve veces más en las empresas dotadas de altas normas morales que en las que no tienen perfil ético afirmado”, (ha señalado Gilles Lipovetsky, en su obra “El crepúsculo del deber”).

El “amoralismo” y el “relativismo” son venenos antigerminantes de las semillas que esperamos ver brotar. No tiene ésto los ritmos previstos del ciclo perpetuo entre la bajamar y la pleamar. No es cuestión de meras oscilaciones. Es la SOCIEDAD toda ella la que debe jugarse: el ejemplo más claro es la corrupción, en particular la que se desenvuelve ávidamente en los corredores del Poder.

La ciudadanía debe prestar atención, puesto que los roles no se delegan: se asumen (“si tu quieres que una cosa no se haga, pues encomiéndasela a otro...”, según autor anónimo).

No se trata de subir a una fantasía de ocasión. Se trata de saber elegir, de seleccionar la calidad entre los poseedores de la doble idoneidad: la ética y la técnica. Hay que embarcarse en carruaje o navío bien dotado, con rumbo cierto y preciso, con pilotos a prueba de tentaciones y aceptando de antemano que las aguas son procelosas y los caminos están plagados de “puentes-rotos”.

Pero a cambio de tanto riesgo, hay una brújula que indica la dirección. Es imposible equivocarse, pues la fórmula está a la vista: ¿cuál? Que hay que hacer todo lo contrario de lo que se viene haciendo en el lascerante derrotero de cuyos frutos sólo emergen ruinas, desencantos y la angustia del futuro. ¿Casualidad? No: es causalidad; es la obra de “chambones”, que asolan demasiados espacios continentales. Una gran “chamboneada”. No incurramos en la irreverencia del desgano, de decir “que la única salida racional es resignarse a aguardar un milagro”. Es preferible pensar que sería mejor tomar un compás y reorientar el sentido en 180 grados. Sólo así nos sentiremos felices en la celebración del Bicentenario de la Independencia, cuando llegue el año 2016.

Nunca es tarde cuando la dicha es buena: para los juristas, es frase manida pero sabia. Acaso sea más pulida, la confesión al respecto, del polémico pero celebrado Pablo Picasso: “cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida”. Por contraste, viene a colación que un orador romano –precursor de las vizcacherías del Martín Fierro- afirmaba socarronamente que “si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto...”.

Más allá de ironías o “chanzas”, el mensaje de los hombres de Derecho es muy lacónico: hay que volcar “manos a la obra”, porque sabemos de antemano que meterse es embarrarse (o como dijera el legendario parlamentario doctor Nicolás Repetto, es “tirar la honra a los perros”). Pero ello es inevitable, si se quiere salir del “quedantismo”; y concordaríamos así con Madame de Staël (que lo había comprobado ella misma), en el sentido de que “la murmuración se parece al humo, porque se disipa pronto, pero ennegrece todo lo que toca”.

Tenemos el arma para contrarrestar tal negrura: es “esa belleza tan antigua y tan nueva” de la que nos habla San Agustín, que es la dulce belleza de la fe. Hay que tener fe, para no sucumbir bajo la leyenda del “continente perdido”. Esa misma fe en la Libertad que condujo a Erich Fromm a disentir con Sigmund Freud y con el marxismo en cuanto a las respectivas expresiones del determinismo (el biológico y el económico) para erigir en el eje del ser humano su propia libertad (Conf. “El miedo a la libertad”, 1941; y “Las Cadenas de la ilusión”, 1962 y edición Paidós 2008 en reedición). Hay que desafiar un terrible estigma, en la acepción de este vocablo que alude a lesiones o trastornos orgánicos o funcionales que indican la existencia de una enfermedad constitucional y hereditaria (RAE): nos referimos al “pálpito” de Simón Bolívar en su carta al primer presidente de Ecuador – el Gral. Flores – conocida como “la carta de Barranquilla” (allí fechada el 9 de noviembre de 1830) cuando el libertador le confesaba a su amigo esta amarga síntesis de su vida y experiencia: “Ud. sabe que yo he mandado veinte años, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1º, la América es ingobernable para nosotros; 2º, el que sirve una revolución ara en el mar; 3º, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar; 4º, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptible de todos colores y razas; 5º, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; 6º, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de América.

“La primera revolución francesa hizo degollar las Antillas, y la segunda causaría el mismo efecto en este continente. La súbita reacción de la ideología exagerada va a llevarnos a cuantos males nos faltaban, o más bien los va a completar. Ud. verá que todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia, y ¡desgraciados los pueblos! y ¡desgraciados los gobiernos!” (Confr. Simón Bolívar, “Escritos políticos. Selección e introducción de Gabriela Soriano”. Alianza Editorial, 5º edición, Madrid, 1981, página 169).

Si somos inqueridos, inquiridos y requeridos acerca del “espectáculo” constitucional de una República maltrecha, es obligación moral y un deber jurídico dar respuesta al interrogante:     ¿Cómo está nuestro continente? Se lo ve un poco “descuajeringado”, o sea descuidado; no obstante, el verbo descuajaringar equivale a desvencijar, desunir, desconcertar. Esto último es –por lo menos- lo que sentimos todos: estamos desconcertados (sic). Al tener a la vista el “Diccionario político y social del Siglo XX español”, obra que contiene más de 125 voces, debida a Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (Ed. Alianza, Madrid, 2008) nos encontramos con que las denominaciones y nomenclaturas del lenguaje político – institucional cambian y se suceden, pero ello no obsta a que la metamorfosis del léxico permita detectar la perduración o la resurrección de los problemas y cuestiones. Antes se hablaba de “oligarquías” y “caciquismos”, luego de “modernización” y “regeneración”, más tarde de “totalitarismos”, nuevamente de “despotismos” y “dictaduras”, a menudo de “cambio”, “crisis” y “revolución”, de “masas”, “elites” y “dominados”, etc., etc.; siempre con objeto de describir o de calificar y descalificar, cuando no se clasifican los tiempos y sus regímenes coetáneos, en busca de una sistematización de los conceptos en función de los contenidos y de las notas distintivas de cada régimen o situación que haya sido gravitante. Hoy no habría que prescindir de las nociones de “globalización”, “transparencia”, “gobernabilidad”, “tecno-burocracia” y otras más, para obtener un perfil más completo de las instituciones en boga. Pero muchas nociones permanecen y están presentes en la vigencia de los hechos, aunque parezcan arcaicas o vetustas.

En otro yacimiento de las “fuentes”, encontramos en los países carentes de democracia, formas y adicciones propias de malestar institucional que configuran en los hechos a regímenes de DESPOTISMO, por el dato de sumar: a) una autoridad absoluta no limitada por el Derecho; con b) un abuso de superioridad, de poder o de fuerza (RAE). Siglos atrás se practicó en Europa por algunos monarcas el denominado “despotismo ilustrado”: se trataba de reyes o príncipes que, inspirados en las ideas de la Ilustración (siglo XVIII) fomentaban la cultura y la prosperidad, procurando cierto bienestar de sus “súbditos” al mismo tiempo que la expansión del poder territorial. Se cuenta de Federico de Prusia que habiéndose autoproclamado “el primer sirviente del pueblo”, al mostrarle los borradores al pensador Voltaire, el sabio francés le corrigió los originales, reemplazando el vocablo “sirviente” por la expresión “servidor del reino”. De allí en más, podemos registrar por lo menos tres tipos en una “tipología” de los despotismos, a saber: 1) el ABSOLUTISMO, que fue el más antiguo, caracterizado por la doble condición de ilimitado e incondicionado; 2) el DESPOTISMO ILUSTRADO, que ya mencionamos; y 3) el más reciente y frecuente, al que podemos denominar “DESPOTISMO NO ILUSTRADO” aunque tecnificado, por unir las modalidades de autoritarismo o de la autocracia con las formas y estilo que adopta el gobernante cuando su denominación demuestra al pueblo que es necio, incapaz, tosco, sin pulimiento, torpe y por lo general, es excesivamente obstinado y de un proceder “desarreglado”. En algunos casos, el elenco que lo acompaña ostenta riquezas “mal habidas” y se rodean de ágrafos y aneurónicos (sic), con lo que alcanzan un rango non plus ultra de contradicción con el adelanto (y a veces el refinamiento) de las clases medias actuales.

En consecuencia, un régimen puede devenir en otro que sea TIRANO, por obtención del gobierno contra Derecho o por su ejercicio sin justicia y a medida de su voluntad.

Eso es el abuso del poder, que se impone como superioridad (“super poderes”) en grado extraordinario.

Pero: ¿cómo y por qué se llega a tales extremos en los países que “se quedan fuera del mundo”? Por una sencilla razón, que deviene de salirse del marco del Derecho y, enseguida, por ceguera institucional (desapego) conduce a entrar o a estar en la INOPIA, que es sinónimo de cosas tan “fuertes” como la indigencia, la pobreza, la escasez; más la sumatoria de ignorar algo que otros conocen o no haberse enterado de ello.

El “Estado de Derecho” sobrevive gracias a la tenacidad y el martirio de los que resistieron a los totalitarismos practicados durante gran parte del Siglo XX.

La palabra “República” la vemos inscripta en todas partes. Muchísimos regímenes institucionales se autodenominan así, a manera de una adhesión meramente formal al “republicanismo” o al tipo “republicano” de gobierno; aunque sin serlo desde el momento que hacen abandono o desvirtúan las seis notas características que indisolublemente entre sí componen el sistema mencionado: la democracia a través del ejercicio del sufragio (soberanía del pueblo), la separación y distribución de poderes y funciones, la igualdad ante la ley (igualmente obligatoria para gobernantes y gobernados), la periodicidad de los gobernantes titulares de las altas funciones políticas, la publicidad de los actos estatales (y el consiguiente derecho de acceso a la información) y la responsabilidad efectiva de los gobernantes como resultado del contralor de sus actos (conf. Madison, Aristóbulo del Valle, etc.)

Entonces, cabe formular el interrogante, frente a la promiscuidad del uso nominal del término y la constatación del incumplimiento – en muchos casos – de las condiciones y elementos constitutivos arriba mencionados: ¿qué significa hoy el vocablo “República”? ¿Es un sustantivo o un adjetivo? ¿Es un calificativo o es un pabellón que cubre cualquier mercadería? ¿Nombre o sustancia?

La denominación “República” o la invocación “republicana” se han tornado polisémicas. Y en efecto, la polisemia (de acuerdo a su etiología y a los diccionarios) remite a los casos – desgraciadamente frecuentes en la realidad constitucional de muchos estados – en los que la pluralidad de significados de una palabra, de un signo o de un mensaje, se da o presenta con independencia de la naturaleza de los signos (o elementos) que lo constituyen. En definitiva, estamos ante casos y situaciones que nos evocan la imagen de una “farsa”, pero entendiendo esta expresión como algo más terrible que una comedia o drama, dado que el sentido trágico radica en el más maligno de los virus que afectan a las democracias constitucionales: el engaño, la tramoya para aparentar.

La principal diferencia se observa en los contrastes que ofrecen los ámbitos donde se impone la impunidad; lo que nos recuerda la advertencia de Montesquieu en el sentido de “que lo grave no es que las penas sean leves, sino el hecho de que no se apliquen”. Fiscales, jueces, legisladores y demás órganos de control deberían dar la respuesta pertinente ante la sensación social de vivencias de “endemias” de irresponsabilidad y anomias desconstitucionalizantes.

Francis Fukuyama, autor de “El fin de la historia” (otro texto polémico que despertó agudas controversias entre politólogos contemporáneos) el actual profesor de la John Hopkins University (Washington), al analizar los fenómenos políticos e institucionales más llamativos, admite también que es preocupante la aparición de lo que él denomina “las democracias autoritarias”, que en nuestra opinión, son dictaduras con nuevas fachadas, que emergen en varios Continentes.

La verdad expresada a través del lenguaje, semióticamente hablando, necesita reemplazar términos más suaves por términos más fuertes (como se dice ahora) o en tono más subido. Pero la expresión desconstitucionalización no nace con la era constitucional, porque es precisamente en el plano de la realidad en el que se están marcando puntos críticos o álgidos del desarrollo de la evolución constitucional. Tenemos memoria de que en los viejos textos y en las clásicas aulas se hablaba para referirse a este complejo cuadro, de tropiezos, de dificultades, de crisis; y recuerdo además que Sánchez Viamonte, que fue mi profesor en la materia, hablaba de “las vicisitudes” del constitucionalismo, en una expresión muy cara al lenguaje de él.

La incorporación de la palabra desconstitucionalización en nuestro ambiente fue efectuada por el maestro Segundo V. Linares Quintana, tomando en cuenta fundamentalmente a los procesos que surgieron incipientemente después de la Primera Guerra Mundial y de los años 30´, y luego de la Segunda Guerra Mundial se extendieron a otras partes del orbe, señalando el tronar de esa resonancia. De modo, entonces, que la aplicación a nuestro país y a nuestra realidad tiene, desde luego, antecedentes o precedentes tanto propios como derivados del Derecho comparado. No se puede sostener que sea un mero “invento criollo”; pues bien sabido es que las patologías políticas que traspasan con facilidad las fronteras y sus procesos de gestación y desarrollo, suelen guardar algunos puntos en común, como por ejemplo, el señalado por Albert Camus, al decir que “cuando la inteligencia se apaga, llega la noche de las dictaduras” (sic).

Si lo limitáramos a un problema de patología tendríamos que acudir a la medicina para encontrar, más que el diagnóstico, la búsqueda del medicamento para superar la situación. Si lo consideráramos producto de una maquinación demoníaca o mefistofélica, pues entonces habría que traer de inmediato a un exorcista. Pero todos los que se han convocado hasta este momento han fracasado en el intento salvador. En realidad, nosotros acumulamos -y decirlo no es orgullo sino expresión de tristeza-, bastantes capas geológicas de desconstitucionalización que han ido sedimentándose (para no fijar fechas polémicas ni entrar en discusiones de calendario) desde muchas décadas atrás. Y obviamente tenemos que algún día “salir del neolítico” como se dijo con referencia a la enseñanza del Derecho y a la metodología de su enseñanza. Nosotros también, en materia de regularidad constitucional, tendríamos que salir del neolítico. Así lo indicó siempre el uso de la razón, pero con puntual fruición hemos ignorado el consejo de Johan Wolfang Goethe, válido para muchas oportunidades: “todos los hombres cada día deberían escuchar una canción, leer una hermosa poesía, admirar una buena pintura y, si fuera posible, decir unas cuantas palabras sensatas”.

III. Podemos asociar la licuación republicana a una expresión que ha puesto de moda mutatis mutandi un sociólogo que hoy ya tiene sus años; que hasta hace poco tiempo sin embargo era poco conocido, acaso por ser de origen polaco y que recién ahora puede expresarse con mayor libertad. Me estoy refiriendo a Zygmunt Bauman, quien ha introducido las expresiones líquido y liquidez para diversos problemas de la vida: el amor líquido, la vida líquida, la convivencia líquida, el mundo líquido, etcétera, etcétera: ya son muchos títulos. Y nosotros creemos que no habrá inconveniente al dar cabida también a la “constitución líquida” o a la “constitucionalidad líquida”. Esta apelación a la liquidez se refiere, como la expresión lo insinúa, a la licuación que transforma a una serie de cuestiones que, tradicionalmente, estaban aceptadas como valores entendidos, en algo más que maleable, en algo tan difícil de asir con la mano, como si fuera el mercurio o algún otro producto líquido (no está aceptado el término “licuoso”) que no tiene formas permanentes sino que toma la forma del recipiente que lo contiene. Y eso es lo que ha ocurrido también con los principios constitucionales. Han sido, no transformados, sino desformados a tenor de los recipientes que le dieron, en definitiva, cabida con una etiqueta determinada; y no siempre la etiqueta ha correspondido con la calidad o la fórmula química del contenido propiamente dicho.

Recuerdo también que otro profesor de la materia, refiriéndose a los textos constitucionales los equiparaba, haciendo gala de un gran sentido artístico y una gran cultura general en materia pictórica, con el problema de la sonrisa de la Gioconda, diciendo que la sonrisa de la Gioconda, en alusión a la célebre obra de Da Vinci, admitía toda clase de interpretaciones. No se sabe, mirándola bien a la Gioconda, si se ríe o si tiene dolor, si tiene angustia o si siente placer; y hasta se puede discutir si es hombre o si es mujer, porque es una imagen que admite toda clase de significado o comprensión. Y hemos hecho con el constitucionalismo, también, una suerte de sonrisa de la Gioconda, no tanto con la literalidad del texto sino con las malformaciones que con la aplicación del texto se ha pretendido justificar todo. Es algo parecido a lo que los maritimistas caratulan “el pabellón cubre la mercadería”, es decir, basta con atenerse al signo del pabellón, cualquiera sea la mercadería, para que se dé protección a los contenidos embarcados. Y esto es triste. Lo afirmamos un poco sarcásticamente, pero es triste y doliente. Un gran escritor italiano, Italo Svevo, el autor de “La Conciencia de Zeno”, en otra de sus obras aparece una pintura de Federico Zandomeneghi titulada “On the divan (causerie)”, circa 1890, que muestra a dos mujeres, una de espalda y la otra de perfil, en conversación. La mujer que escucha tiene una expresión ambigua, pero es imposible conocer cuál es su estado de ánimo: si lo que oye la divierte, la confunde o la pone triste (“Todos los relatos”, Ed. Gadir, Comentada en “El País” del 23/09/07). Podríamos añadir –por nuestra cuenta- que igual acontece con el sentido de algunas normas: son crípticas, adolecen de cripticidad, por confusión o enigma.

Nosotros los argentinos tenemos la costumbre de no privarnos de nada, tanto en los placeres como en los sacrificios; también en los vicios, ya sean los secos o húmedos; y también en las virtudes, ya sean teologales o mundanas. De modo que en esta materia podemos hacer un catálogo, que excede las medidas de esta reflexión.

Lo cierto es que una de las manifestaciones más ciertas de nuestra desconstitucionalización ha sido la complacencia con que han sido celebradas todas las situaciones de facto y las doctrinas que, importadas del Derecho administrativo, fueron a partir de 1930 aplicadas sin reparar en las diferencias de situación contempladas por los autores Gastón Jeze y Jean Constantineau con respecto al Derecho Constitucional, cuando se trata no de casos de funcionarios de facto sino de usurpadores del poder. Y eso pasó tranquilamente, cuando estaba demasiado lejano el famoso fallo de la Corte del siglo anterior, apoyado en el asentimiento de los pueblos. El “asentimiento” y no el consentimiento, pues eran más cuidadosos y tenían mayor recato o más pudor al hablar de “la revolución triunfante” y asentida por los pueblos (y no consentida), tal como se dijo en el caso Baldomero Martínez, el 5 de Agosto de 1865 (Fallos 2:141).

Pero hemos atravesado el inmenso terreno de la anomia; absolutamente todo, a tal punto que esa aceptación de la anomia – que Carlos Nino examinara en un libro específicamente dedicado a ese tema- hace aplicable a la Argentina lo que en algún momento de disgusto el escritor y premio Nobel portugués Saramago dijera en exclamación de su indignación: “¡Esto no es un país, esto es un lugar!”. Y a veces por despecho (por “bronca”, para hablar con un término poco académico) se siente la necesidad o la inclinación de proferir una frase de ese tenor tan descalificativo.

El decaimiento empezó con las “mutaciones constitucionales”, que luego sirvieron como trampolín para otra cosa. Las mutaciones constitucionales fueron primeramente estudiadas y así denominadas por Jelinek. Pero este autor alemán se refería a los cambios en cuanto efectos, resultados o decisiones que se introducían con motivo de la fuerza operativa que tomaban factores de poder que no habían sido previstos específicamente en los textos constitucionales, tal como ya ocurría definitivamente con los partidos políticos, como también con las demás fuerzas sociales intermedias cuando se organizaban y transformaban en grupos de interés o en grupos de presión, y así sucesivamente. Se estaba pues ante supuestos de cobertura de algunas lagunas constitucionales. Ese fue el alcance que le asignó Jelinek, pero de ahí en más se fue pasando con sucesivos saltos (no subiendo la escalera sino bajándola) al decisionismo más salvaje, es decir, al reconocimiento lisa y llanamente de la fuerza y el voluntarismo del autócrata, ya fuera electivo o fuera de facto: el que estuviera de turno. Una de las muestras con mayor desparpajo y desenfado en la versión criolla es la explicación de un ex Presidente que cuando sus asesores le decían: “pero mire su excelencia que esto no se puede”, con una cierta tonada muy característica respondía: “hay que buscarle la vueltita”, “busquen la vueltita para que se pueda hacer lo que no se puede”. Era igual a sostener lo equivalente a que “el fin justifica los medios”, como una frase más sincera en relación a las conductas respecto de esta viveza criolla. Esta expresión de “buscar la vueltita” es la cultura de la trampita, la cultura del vericueto, que ha insuflado mucho no sólo a la cultura en general sino también a la cultura jurídica en particular: no para explicar fenómenos, lo cual sería natural, sino para justificar situaciones y sus resultados y consecuencias, que es mucho más grave que una explicación. En la vereda opuesta podemos guiarnos por quienes no aceptan el relativismo moral y rescatan los valores con firmeza y convicción. Tal es el caso de Raymond Aron cuando en su “Ensayo sobre las Libertades” (Ed. Alianza, 2007) afirma: “Las libertades intelectuales, los procedimientos democráticos son una protección contra el poder y lo arbitrario, pero ofrecen también, y tal vez en primer lugar, una oportunidad para instruir a los hombres, para hacerles capaces de razón y de moralidad”.

IV. Llegamos así al enunciado de la Constitución real, que es una Constitución que hoy tiene un solo artículo. La Constitución formal tiene los que tenía la del 53´ más la farragosa redacción tropical que incorporó la reforma del 94´. Pero la actual Constitución real tiene un solo artículo que dice “todo vale”. Con ese artículo se manejan todas las relaciones de poderes entre sí, o de los poderes con los particulares: correspondería hablar de los ciudadanos, pero en realidad a veces se percibe la sensación de la subditancia más que de la ciudadanía. Esto conduce a la caducidad (como lo vamos a remarcar al final en tres palabras) del principio fundamental de la forma republicana de gobierno, que es el principio de la responsabilidad. Está claramente establecido que hay que elegir entre la impunidad y la responsabilidad, y ésta -que es la secuela del control, porque el control es una cuestión nada más que de “antesala” de la responsabilidad, pues no hay control por el control mismo: no es un fin en sí mismo. Es el mecanismo para abrir el camino a lo que sí le interesa a la sociedad, que es la aplicación de sanciones o premios según los defectos, pecados o delitos, o según las virtudes, méritos y aciertos de quien ha sido depositario de la voluntad popular, o designado en la forma en que los mecanismos representativos determinan. El sustratum de todo este proceso, en algunos casos tiene raíz filosófica y en otros casos no, pues tiene una vertiente ideológica. Por su raíz filosófica casi todos estos procesos han tenido un trasfondo hegeliano, ya sea como decía nuestro querido y memorable colega Miguel Ekmekdgian, “hegeliano de izquierda, o hegeliano de derecha”; y el panorama del siglo fatídico pasado (del siglo XX) lo demuestra para cualquier gusto del paladar, ya sea de la extrema izquierda o de la extrema derecha, pero con igual punto de partida hegeliano, aunque a veces con unas etapas de tránsito que en algunos casos pasan por Feuerbach, Marx, Sorel, Shopenhauer, Nietzsche, Spengler o algún otro autor, según se incorporara a este elenco el elemento de la violencia u otros ingredientes determinantes. El sustratum no ideológico es el populismo, que es el más complejo de todos y el que más influye en la desconstitucionalización, por la sencilla razón de que no se lucha contra una idea cuando se está en contra del populismo como camino hacia la desconstitucionalización, sino que hay que lidiar contra un estilo, un hábito, una práctica, una desviación de conducta; y entonces la cuestión no pasa por el orden de las normas, sino por el orden de los comportamientos, y de tradiciones arraigadas que se repiten recurrentemente. Es por ello muy difícil combatir al populismo con ideas, sino que hay que apuntar a cambiar los usos, toda vez que como decía Ortega “es mucho más difícil de cambiar los usos que colmar y calmar los abusos”; y tenía razón, como la tuvo cuando profundizó la morfología de la sociedad de masas. El pensador español nos instaba a emprender un cambio, a modificar el rumbo y erradicar las malas prácticas. Acaso creía válido para los argentinos la suposición que abrigaba George Elliot en el sentido de que “nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido”. Claro está que para ser así hay que acudir a un esfuerzo en conjunto, entre todos: una estrepada o estrepón, como luce en el más puro idioma español, referido a los remeros.

La raíz de esta decadencia es profunda y, evidentemente, de índole cultural; y se traduce en el desapego a las instituciones. En el caso concreto de la Argentina, el desapego a las instituciones de raíces constitucionales es la explicación más válida del por qué hay un avance paulatino del proceso de desrepublicanización. Si hubiese habido una cultura sana y sólida de respeto a las instituciones, se hubiera optado por dar siempre prevalencia al valor de las instituciones y no el desprecio hacia las mismas, como ya lo detectaba Juan Agustín García en “La Ciudad Indiana”: el caudillo por encima de la racionalidad y la facción por encima de la nación. No hemos sabido auto-corregirnos a tiempo; lo que nos hubiera posibilitado alcanzar la excelencia. Siempre recuerdo aquel párrafo de Antoine de Saint-Exupery: “el futuro no basta con preverlo, hay que hacerlo posible”.

V. Veamos nada más que tres o cuatro ejemplos sencillos y prístinos para representar esto. Por ejemplo: sufragio libre u obligatorio. Cuando se debatió la ley Sáenz Peña hubo divergencia entre las dos Cámaras en ese único punto, pues estaban de acuerdo en el sufragio universal, había conformidad en el voto secreto, pero no en la obligatoriedad del sufragio. Predominó la Cámara que había votado el sufragio obligatorio y así quedó establecido en la ley Sáenz Peña. En la reforma constitucional de 1994 se introduce, no una norma, sino dos normas. No una norma que esté en contradicción con la Constitución del ´53 o con la ley Sáenz Peña que es de rango inferior a la Constitución, sino dos normas introducidas al mismo tiempo y en el mismo texto, de rango supremo. Por un lado, en el artículo 37 se impone que el sufragio es obligatorio, pero en el artículo 75 inciso 22 se incorpora dentro de los diez Pactos iniciales y Convenciones y Declaraciones de Derecho, tres de ellas en las cuales no es obligatorio. Es un tema de interpretación, (no abro juicio, simplemente pongo los trazos de la pintura sobre el tapete). Será un problema a resolver, o por otra Convención constituyente, o por interpretación del legislador, o por alguien que plantee un caso judicial y llegue a la Corte Suprema; pero convengamos en que no ha sido muy prolijo el cuidado de este aspecto de un derecho político por antonomasia. Segundo ejemplo: las leyes recientes de Presupuesto; más la Ley de Superpoderes; y esto se vincula, además, con la queja de Ricardo Lorenzetti, respecto de que la Corte no puede disponer ni de la organización de su personal; pero, además, ni siquiera puede disponer de los millones que están ahí depositados y no perdidos y que podrían solucionar muchos de los problemas, no tanto de sueldos, sino del equipamiento logístico de la Corte para eliminar algunas lacras como la morosidad judicial y prácticas antiguas como coser expedientes con aguja e hilo, etc. Pero los superpoderes están allí y el manejo discrecional del Jefe de Gabinete que dispone de miles de millones.

La ley de Presupuesto, por lo tanto, no tiene sentido debatirla, porque esa “ley de leyes” puede reducirse a dos artículos. El primero que fije, de acuerdo a lo que la Constitución dispone, la estimación de los recursos para el año en curso, que será de tantos miles de millones. Artículo segundo: “hagan lo que quieran”. Así, el Congreso abandona la orientación política que tiene que dirigir al Poder Ejecutivo a través del orden de prioridades de la política general de inversiones de todo el país, determinando si hay que gastar más en educación que en propaganda, más en salud que en viajes al exterior, o más en vivienda que en otros gastos inútiles o superfluos que podrían evitarse en aras del bienestar general a que se refiere el Preámbulo de la Constitución Nacional. Nuestros gobernantes –que ni siquiera suelen ser administradores- parecen ignorar algo tan elemental como la advertencia de Blas Pascal en sus “Pensamientos”: “tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer las partes”. ¡Elemental, Watson!

El artículo 38 tiene también la evidencia de otro proceso de desnaturalización muy notorio, entre los deberes que establece al institucionalizar los partidos políticos. Y bien que lo ha hecho, para evitar fenómenos como la supresión o disolución y confiscación de los bienes de los partidos, que también hemos conocido en su momento, no obstante que estaban amparados con la protección al ejercicio de la libertad de asociarse con fines útiles que estaba en el Art. 14 de la vieja Constitución. Pero tiene el artículo 38 un párrafo muy interesante, cuando entre sus funciones y sus deberes menciona e indica la “competencia” para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos: esto equivale en lenguaje sofisticado, a lo que comúnmente llamamos elecciones internas, es decir que los candidatos a cargos electivos no surjan en el living comedor de la casa de una persona, o en un “caucus” a puertas cerradas entre cinco o diez personas, sino a través del voto de la membresía siempre que sean elecciones internas no abiertas. Sin embargo sabemos que salvo alguna excepción, no conocemos en detalle nadie que haya respetado el artículo 38 de la Constitución. ¿Será por ignorancia? Voltaire afirmaba que “la ignorancia es la salvaguarda de la dominación”, pues –agregaba- que “si la mayoría gobernada estuviera compuesta por bueyes y el pequeño número de gobernantes por boyeros, el pequeño grupo haría muy bien en mantener al grande en la ignorancia” (sic).

VI. Y, por supuesto, habría que hacer un largo capítulo de la desconstitucionalización por omisiones. Por ejemplo, la indiferencia por dar sanción definitiva a una Ley de Amparo que responda al sabio artículo 43 del nuevo texto constitucional, norma que permite, siguiendo la orientación de una tesis bien amparista, declarar incluso la inconstitucionalidad de las normas a través del amparo. Pero acontece que subsiste la coexistencia de un Decreto-Ley de diciembre de 1966 de un gobierno de facto de neta orientación antiamparista que expresamente dice lo contrario, pues prohibía la declaración de inconstitucionalidad de la norma; no obstante lo cual una Corte Suprema nacida desde ese mismo gobierno de facto lo dejó de lado: procedió a declarar en los casos Outón y Mate Larangeira Mendes la inconstitucionalidad de normas que impedían la reparación del Derecho que estaba violado. Es inconcebible que habiendo una de las Cámaras del Congreso sancionado por unanimidad en general, y por unanimidad en particular una nueva ley de amparo donde por consenso se contemplaba la inclusión de aspectos tan novedosos como la del “amparo colectivo”, que duerma debajo de una silla del Senado, porque hay una persona que no quiere y no le gusta que se apruebe esa ley, que le “acotaría” esos poderes absolutos. ¿Orgullo, soberbia, capricho o despotismo? Los personajes de pacotilla deberían tener a la vista –y tomar en cuenta- las palabras de Winston Churchill: “la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás”.

Otro caso es el de la coparticipación. Ese instrumento no se ha sancionado, no obstante que una ley que esta vigente (no derogada) pero que su plazo ha vencido (Ley 24.621, Art. 3º), permitía que si dentro del plazo previsto por la cláusula sexta de las disposiciones transitorias de la reforma del 94, es decir, a los dos años de sancionada ésta, tres provincias podían presentarse en el Senado a través de los senadores para iniciar con un proyecto el trámite parlamentario de sanción de la ley de coparticipación. No lo hicieron. Hoy habría que sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por supuesto, hemos presentado un proyecto (Exp. 4011-D-2007) reestableciendo el texto que no está derogado, pero sí modificando los plazos para darle una nueva vigencia, habida cuenta que muchas veces los quiebres y desconstitucionalizaciones de la división vertical del poder (el régimen Federal) se deben no sólo al campo abierto o espacio sin límites que encuentra el poder central, sino a la declinación de facultades que las provincias tienen reconocidas y que no asumen por cobardía de sus gobernadores, que reciben la limosna de los ATN y de la dádiva de la válvula del poder central. Así, además, se evitan aparecer antipáticos ante sus comprovincianos, no teniendo que cumplir la obligación de recaudar lo que por derecho le corresponde, a cambio de recibir una dádiva. Pero esta resignación de facultades que según la Constitución son propias de los poderes locales, ata, limita, condiciona, extorsiona, pero bueno: “a caballo regalado no importa que sea ciego o manco”, total....viene regalado. Mal ejemplo.

El acceso a la información es otro caso de desvirtuación de la república. Está consagrado en la Constitución en más de una oportunidad pero nunca se llega a la sanción final de la ley. No pasa de la aprobación por una de las Cámaras. En la otra Cámara no se considera esa media sanción, ¿y por qué? Y, muy sencillo: porque el acceso a la información es la condición sine qua non junto con la independencia del controlador respecto del controlado, para que pueda ejercerse el control. Al vedar el acceso a la información no hay una posibilidad fehaciente y veraz de obtener los datos fundamentales para el ejercicio del control y pedir las rectificaciones y/o las sanciones que puedan corresponder por incumplimiento.

VII. Vayamos al tema de los partidos. Nos resignamos al hecho de que ya no hay partidos En su lugar se conocen “espacios”, “espacios políticos”, que es una expresión también “líquida” (para volver a Sigmund Bauman). Es líquido en tanto y en cuanto el espacio es infinito. El globo terráqueo es espacio y no tiene comienzo y no tiene fin. Lo que puede reconocerse así, como consecuencia de que estos partidos han hecho “implosión”, que es el nombre indicado –como rotura y ruptura interior por desequilibrios de presión- para hablar de lo que es aproximadamente análogo a un infarto masivo referido a agrupaciones y no a personas individuales. Si seguimos así, va a ser a su vez reemplazado el espacio político en cuanto tal, por el “tiempo político”: entonces va a surgir un clamor gritando lo mismo que en su momento dijeron los que vociferaban “que se vayan todos”, “ya fue” o “ya fueron”, es decir, ya no va a haber espacios sino tiempos, pero apuntando a un pretérito, o sea como repudio de un pasado. Será algo así como un presente que sí viene con protestas pero no contiene propuestas, no satisface arquitectónicamente lo que una República requiere y, además, con el riesgo del advenimiento de un futuro bastante incierto al respecto. Si seguimos así entonces, visualizaremos “tiempos”: tiempos de la vieja política; tiempos de la nueva política, tiempos de la novísima política, sin saber realmente si se tratan de más de lo mismo o de menos de lo mismo, o de peor de lo mismo; que son las tres alternativas posibles.

Pasó también el tiempo del respeto por la seniority, es decir de la trayectoria y de la veteranía en la experiencia de “la cosa pública”. Ahora lo que interesa es el marketing, entendido como el elemento fundamental componente de la respuesta al cambio, es decir, a lo que se llama la “nueva política” que es un novedoso estilo de frivolizar. Pero los países altamente constitucionalizados respetan la “hoja de vida”, respetan la trayectoria, respetan (como ocurre en el Congreso de EE.UU. o en el parlamento francés o en el italiano, o en el español con menor tradición) ese aspecto fundamental que hace no tanto a la cantidad pero sí a la calidad del quehacer que deben cumplir sus ocupantes. Por eso es que muchas veces nos preguntamos si hay “representantes” que no son “representativos”, ya que puede ocurrir que la representación sea válida en cuanto a la legalidad concerniente a las reglas dictadas por la legitimidad democrática, pero que el representante no sea representativo o que lo representativo sea, ¡oh sorpresa! la desconstitucionalización, la anomia, el populismo, la violación de la ley, el “todo vale”. No afirmamos ésto con el propósito de autoexculparnos; al contrario, pensamos como Albert Camus, que los errores o la derrota de un hombre no juzgan a las circunstancias sino a él mismo: es decir, no es un problema de circunstancias, sino en definitiva de personas.

Ezequiel Martínez Estrada, que no está demás recordarlo, hacía referencia, para llamar la atención, con dos palabras: las invariantes o las inalterantes históricas costumbres argentinas. La primera figura en el Diccionario de la RAE (magnitud o explosión que no cambia de valor al sufrir determinadas transformaciones). Las invariantes de la historia argentina se referían a la repetición de los errores; y este es otro problema cultural, pues todo siempre nos conduce a lo cultural. El argentino, considerado en términos aristotélicos, es un ser politikon, que tropieza no sólo dos veces, sino cinco, diez, o veinte con el mismo obstáculo, y sigue tropezando porque no tiene capacidad de rectificación. Y no la tiene porque no quiere ejercer la autocrítica, no quiere reconocer el error. Nadie reconoce sus errores y al que lo reconoce le dicen que es un estúpido, cuando en verdad el reconocer los errores es “nobleza obliga”, o sea lo que corresponde en definitiva a los ciudadanos concientes de sus deberes y responsabilidades. Para ello se requiere cumplir con decisión (firme) y con honestidad (sincera), para no caer en el pecado que un colega reprochaba al afamado Heidegger: “la vaguedad”.

VIII. Es menester insistir en que el problema no se circunscribe a la epidermis. No basta con cambiar un sistema electoral. En la Reforma política (de la cual ya ni se habla) y en ocasión de los mensajes presidenciales de los últimos años (donde hay largas alusiones sobre el Ministerio de bienestar social, sobre aportes del Tesoro Nacional, y sobre la política exterior, etc.) no se encuentra ni un renglón, una sola referencia, ni una sola palabra sobre la reforma política, entendiendo por tal a la reforma del sistema de los partidos políticos, y temas conexos. No obstante, existe una subsecretaria o secretaria de estado sobre la reforma política, pero desde entonces no ha querido hacer ninguna exposición ante las Comisiones del Congreso respecto de la tarea cumplida en un organismo que pagamos entre todos los argentinos.

La conclusión letal es que para la salud del sistema los vectores de la política están pasando fuera de su quicio, no pasan por los partidos políticos ni por el Congreso.

Ya no basta con crear al ciudadano. A lo que Sáenz Peña dijera: “quiera el pueblo votar”, alguien le agregó, “sepa el pueblo votar”. Pero ahora hay que tener en cuenta que así como se sostuvo que no hay democracias sin demócratas ni república sin republicanos, lo que faltan son partícipes. Hay que participar, pues la única solución es la participación ciudadana a efectos de movilizar todos los mecanismos que existen. Los hay muchísimos, pero que la abulia generalizada lleva a que, bueno....como “todo vale”, para qué voy a actuar, si total encima voy a perder tiempo, no voy a conseguir nada, y para colmo pueden ejercer alguna venganza o algún perjuicio o crearme un impedimento. De esa tentación por la resignación (antesala de la claudicación) hay toda clase de testimonios; algunos tan conmovedores como el interrogante feroz que formulara Charles Baudelaire en “Las flores del mal”, cuando respondía a la pregunta “¿Dónde ir?” con esta pasmosa respuesta: “…no importa dónde con tal que sea fuera de este mundo”. Pero esa no es la solución.

Mecanismos hay, desde la defensa del usuario y del consumidor hasta la “ley de defensa del orden constitucional y de la vida democrática”. El derecho constitucional, por lo tanto, requiere de un orden público imperante; y no puede caer en el vicio de traslapar, que significa cubrir total o parcialmente algo con otra cosa. Traslapar es eso. Se vende una mercadería pero el contenido que va debajo de la etiqueta es otro distinto, y se repite a diario así. Este Derecho constitucional no debe estar limitado ni resignado a eso. El Derecho constitucional debe estar en todo caso destinado, si se quiere, a reconstitucionalizar, a la transparencia, a trasparentar y no a traslapar. Dar transparencia a procesos oscuros, dudosos y cuestionados que hacen no solo al incumplimiento de la ley sino también a la “desviación del poder”. Porque muchas veces la incumbencia legítima se ejerce con una finalidad totalmente ajena al fin que la ley o que la constitución tienen en cuenta. Y para cumplir con esa función nos viene a la memoria nada mejor que la sentencia de Goethe, el gran genio de Frankfurt, cuando ese insigne poeta dice: “no basta saber, se debe también aplicar”. No es suficiente querer, se debe también hacer. Esa es una peraltada misión de los constitucionalistas y demás protagonistas del Derecho: elevar el nivel.

IX. Conclusiones

Entonces, tres conclusiones:

1) Dejémonos de levitar y de musitar sobre la planicie de lo fútil. Vayamos a la examinación para tomar enseguida las prominencias que el alarmante cuadro de la desrepublicanización exige. Ahora o nunca, debemos emprender el camino de la re-constitucionalización y de la re-institucionalización, para ascender en el ranking de la calidad de nuestro Estado de Derecho; hoy con medidas muy precarias en los criterios de su valoración.

2) Dejar de endiosar a los embusteros que, con sus chapucerías de torpedad y de manifiesta imperfección, nos agravan los males existentes, sumando una obra hecha sin arte ni pulidez: por ejemplo muchas de las normas que nos rigen. No sólo cuando se “discursea” hay que ser preciso; también lo exige la redacción de las normas prescriptivas, que deben responder –para su mejor comprensión- a lo que Ortega y Gasset denominaba “la cortesía de la claridad”.

3) Superemos la desoxigenación de los círculos áulicos de los tilingos, por no decir mafiosos de la última moda, de la cosmetología pseudo- constitucional. El camino sensato es sencillo y es factible. No sancionar leyes, normas y constituciones que no se puedan cumplir. Reformar lo que no es viable ni tenga andamiento, para no mantener ilusiones que no se puedan cumplir, porque esa es una forma de estafar o defraudar en la mente. Creando una confusión se crea un resentimiento; y generando un resentimiento se crea una incipiente semilla o germen de una insurrección, de una rebelión respecto del orden establecido. Y por ultimo, hay que cumplir a raja tabla los principios republicanos que son siempre los mismos: democracia, separación de poderes, igualdad ante la ley, publicidad de los actos públicos, periodicidad en la función y responsabilidad. De los seis, probablemente se cumpla, formalmente, uno. El primero. Nada más; y siempre que no reaparezca el fantasma del fraude, que alguna vez se lo ensalzó con el aditivo de “patriótico”.

Las reflexiones que anteceden son una invitación al optimismo. Sólo falta sumarles el convencimiento y la voluntad, orientadas por la razón. No desvanecerse ante las contrariedades ocasionales. Nuestras conductas deben guiarse por el impacto emocional que produce el hecho cósmico de “que nunca la noche es más oscura que en el instante previo al amanecer”. Ya llegará la alborada. Savater confesó su perplejidad al leer la frase que un romano hizo escribir en su tumba: “creo con certeza que no hay mañana”. Pero para nosotros, es todo lo contrario. Si por “el ocaso” intuyéramos “el fin” antes del mañana, rogaríamos que en la lápida se estampara la nota convocante de Eduardo Mallea: que hemos vivido una intensa “pasión argentina”, animados todos por la fe en el Derecho. La misma idea vale para proclamar que debemos vivir una “intensa pasión constitucionalista”, para América y para toda la humanidad. 

 

 

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* Académico (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires).

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