FUCER CELEBRA LA HISTÓRICA APROBACIÓN DE LA LEY DE  PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES

         La aprobación en el Senado de la denominada ley de glaciares que preserva el recurso natural de agua dulce ubicado en la Cordillera de los Andes y que, en forma indirecta, se involucra sobre el impacto medioambiental de la minería a cielo abierto ha sido un importante avance en el reconocimiento de derechos. Se ha convertido en una de las primeras leyes a nivel mundial que establece que el agua es un derecho humano, como lo habían resuelto las Naciones Unidas con el voto de 122 países.

         La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

         Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.                       

         Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

         Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas peri glaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

         Las organizaciones sociales que lucharon por esta ley esperan la rápida promulgación y reglamentación, quedando en estado de alerta por la amenaza de las mineras de iniciar juicios por lo que consideran una afectación de derechos adquiridos.

                       Dr. Eduardo Federico Coroleu

                              Presidente - FuCER