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Reseña comparativa de respuestas legislativas y ejecutivas en Argentina
El informe analiza cómo el poder legislativo y el ejecutivo argentino han incorporado la normativa internacional sobre cambio climático en su marco jurídico interno. Identifica vacíos y avances, y compara la respuesta argentina con la de otros países de la región. Concluye que la ausencia de una ley específica limita la efectividad de las políticas climáticas.
El documento muestra que, pese a la ratificación de la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, Argentina no cuenta con una legislación integral de cambio climático. Las medidas se distribuyen en leyes sectoriales –ambiente, energía, agricultura– que no garantizan una coordinación sistémica.
Ejemplos concretos incluyen la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) y el Decreto 1.030/2020 que crea la Dirección Nacional de Cambio Climático, pero sin asignar recursos claros ni mecanismos de seguimiento. El informe también cita la falta de metas vinculantes en la política energética y la limitada incorporación de criterios de adaptación en planes de desarrollo.
Para Argentina, la fragmentación normativa implica dificultades para cumplir sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y para alinearse con los objetivos de la Agenda 2030. En América Latina, la ausencia de un marco legal unificado coloca al país por detrás de naciones que ya cuentan con leyes de cambio climático, lo que podría afectar su acceso a financiamiento internacional y su capacidad de resiliencia frente a eventos climáticos extremos.